La Paz 18 de Abril de 2025, 02:49
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Diputado Carlos Alarcón de CC presentó proyecto de ley para eliminar disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado PGE 2025
"Ahora que el Gobierno instruya a sus diputados aprobarla con dispensación de trámite", manifestó Alarcón en sus redes sociales
publicado en 17 / Jan / 25Carlos Alarcón, miembro de la bancada de Comunidad Ciudadana (CC) presentó un proyecto de ley para eliminar disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, misma que es rechazada por diferentes esferas del aparato productivo nacional.
La propuesta legislativa aparece luego de que el viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, manifestó que está en manos de la Asamblea Legislativa eliminar esta disposición de la ley financial.
“Ayer (jueves) presenté el proyecto de ley para la derogatoria de la disposición adicional 7 de la ley del presupuesto 2025. Ahora que el Gobierno instruya a sus diputados aprobarla con dispensación de trámite”, manifestó el parlamentario a través de sus redes sociales.
La disposición establece que las entidades competentes podrán activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos.
Además tal disposición señala que todo actor de la cadena productiva de alimentos esenciales, debe declarar información de producción, transformación y comercialización, conforme a la reglamentación aprobada por Resolución Biministerial emitida por los Ministerios de Desarrollo Rural y Tierras y de Desarrollo Productivo y Economía Plural.
“Se deroga la disposición adicional séptima de la Ley 1613 de fecha 1 de enero de 2025 del Presupuesto General del Estado – Gestión 2025”, reza el artículo único del proyecto de ley planteado por Alarcón, el documento también tiene el sello de ‘Recibido’ en fecha 16 de enero; fue remitido al despacho de Omar Yujra, presidente de la Cámara Baja.
En su justificación, Alarcón advirtió que esta disposición configura el “terrorismo de Estado contra industriales, comerciantes y gremialistas de alimentos al amenazarlos con su confiscación: decomiso por parte de autoridades administrativas, con la sola sospecha de que estos actores económicos tendrían la pretensión de aumentar precios en sus ventas”.
