Denuncias de abusos sexuales cometidos por sacerdotes se extienden prácticamente a todo el país, reveló procurador general del Estado Wilfredo Chávez

Denuncias de abusos sexuales cometidos por sacerdotes se extienden prácticamente a todo el país, reveló este miércoles el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez.

En la actualidad – explicó Chávez – se desarrollan ocho investigaciones, de las que no se pueden dar detalles porque el Ministerio Público declaró la investigación en reserva.

Es posible que “una vez que se levante la reserva podamos dar mayor información sobre el caso; hay mucha gente que ha denunciado, sigue denunciando, son ocho, actualmente, las investigaciones, ya no sólo en Cochabamba, sino en todo el país, prácticamente, es lo que yo podría decir en avance sobre el tema”, explicó.

La ola de denuncias fue efecto de la publicación del diario español El País, que en su edición del 30 de abril reveló las confesiones de pederastia en Bolivia del jesuita español Alfonso Pedrajas.

El jesuita, fallecido en 2009 en Cochabamba, dejó escrito un diario de más de 300 páginas en las que confiesa que abusó de más de 85 menores de edad, la mayoría del Colegio Juan XXII, que era administrado por la Compañía de Jesús.

Pero Pedrajas, apodado ‘Pica’, no habría sido el único que abusó de estudiantes del Colegio Juan XXIII.

Basado en testimonio de una víctima, El País reveló el domingo que los jesuitas Francesc Peris, apodado ‘Chesco’, y Carlos Villamil, conocido como ‘Vicu’, abusaron sexualmente de niñas durante los años ochenta en el Colegio Juan XXIII.

A estos tres jesuitas se suma Luis María Roma Padrosa, quien, según una publicación del diario Página Siete, tenía un archivo de fotos y videos de los abusos que cometió en contra de niños y niñas de 6 a 12 años de edad en Charagua, Santa Cruz.

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó que hasta el momento se presentaron ocho denuncias en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija.

En esas denuncias, cuatro nombres de la orden son comunes: Alfonso ‘Pica’ Pedrajas (+), Luis María Roma Padrosa (+), Antonio ‘Tuco’ Gausset y Alejandro Mestre.

A la par, en Tarija, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de Tarija (FELCC) aprehendió esta mañana al párroco de San Roque, Tarija, Milton Murillo, acusado de delitos sexuales. En Tarija son dos los sacerdotes investigados, Milton Murillo y Jorge L. M. V, conocido como padre Coco.

Según una recopilación de la revista digital feminista Muy Waso, hay 23 sacerdotes denunciados por abusos sexuales. La mayoría de estos delitos se cometieron en contra de niñas, niños y adolescentes. Pero en la lista también hay denuncias de mujeres y hombres adultos.

“El conteo de las víctimas con denuncias comprobables alcanza las 200 personas. Los principales pederastas tienen a niñas y niños agredidos por decenas, de manera sistemática. Lastimosamente estos casos son los más ocultados por la Iglesia Católica boliviana”, se lee en la publicación.

Para investigar estos hechos, se plantea conformar una “Comisión de la Verdad” que estará integrada por los ministerios de la Presidencia, Justicia y Gobierno; los presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores; del Fiscal General del Estado, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, además de representantes del Tribunal Supremo de Justicia, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional.

Procurador señaló que las “víctimas pueden apersonarse legalmente al Ministerio Público o pueden encontrar también en la Asamblea de Derechos Humanos un canal en el que válidamente pueden presentar sus testimonios”.

Para sancionar a los responsables y a los encubridores, el Gobierno nacional remitió a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que establece que son “imprescriptibles, tanto en la acción como en la pena, los delitos previstos en el título 9 (delitos contra la libertad sexual) del Código Penal, elevado a rango de ley por la Ley 1768, cuyas víctimas sean infantes, niñas, niños o adolescentes”.

La propuesta plantea agravar la pena por el delito de encubrimiento de los mismos, con sentencias que podrían llegar a los ocho años de privación de libertad de acuerdo con la gravedad del delito encubierto.