Comenzó juicio civil contra Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín en EEUU

Gonzalo Sánchez de Lozada llegó a la corte federal de Fort Lauderdale comunidad vecina a Miami en el distrito de Florida Estados Unidos para el inicio del juicio en su contra por la denominada “masacre de octubre” de 2003.

Una fotografía de su llegada fue registrada y publicada en Facebook por el periodista boliviano Marcelo Paredes, quien sigue de cerca el juicio con su programa Séptimo Sentido.

Con traje negro, camisa blanca y corbata azul se apersonó al tribunal que definirá si debe o no resarcir económicamente a nueve familiares de ocho víctimas de ese trágico suceso que marcó la historia contemporánea del país y que dejó el saldo de más de seis de decenas de fallecidos y cuatro centenas de heridos.

Serán juzgadas por ejecuciones extrajudiciales y homicidio culposo en la represión militar de octubre de 2003, se lee en el legajo del proceso Mamani vs. Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín activado en 2007, cuatro años después de los sucesos.

Según ese documento, entre el 12 y el 13 de octubre de 2003 fallecieron 58 personas tras el ataque militar contra la población civil. Más de 400 ciudadanos fueron heridos con proyectiles.

5 de marzo es histórica porque será la primera vez que un mandatario boliviano elegido democráticamente se presente ante un jurado en Estados Unidos.

El juez a cargo del proceso es James I. Cohn y para esta fecha está prevista la elección de los seis miembros del tribunal que juzgarán a la exautoridad, de un grupo de 50 estadounidenses. Además, se determinó que las partes no tomen contacto con la prensa, lo precisó el abogado Andrés López en contacto con Séptimo Sentido desde Fort Lauderdale.

“Los demandantes deben demostrar cuántos son los daños y perjuicios, tienen que demostrar la pérdida económica de esa familia por la pérdida de la persona, lo que hubiese ganado en el transcurso de su vida, ahora si la persona es joven, eso más el gasto emocional de la persona y el jurado va a determinar basado en el testimonio, basado en la evidencia que está en ellos cuánto les quieren dar”, señaló el jurista. “Pueden dar 5.000 dólares o puden dar 10 millones de dólares, todo depende de la evidencia”, afirmó.

Según el abogado de las víctimas de octubre, Rogelio Maya, citado en la prensa nacional, el juicio civil no tiene nada que ver con el penal, pues se trata de un resarcimiento económico y no así de una extradición de las exautoridades, que es lo que esperan los bolivianos, el jurista calificó de una "victoria importante" el inicio del juicio que costó "sangre y sacrificio".

El ministro de Justicia, Héctor Arce, el 25 de febrero indicó que las conclusiones que se revelen en ese proceso pueden ser un avance para que el poder político de ese país viabilice su extradición a Bolivia.

"Nosotros esperamos que las conclusiones que se están revelando, y lo que podría demostrarse durante el juicio civil que se llevará adelante ante un Juez Federal, motiven a las autoridades políticas y entiendan la gravedad de los hechos y viabilicen la extradición", señaló a la ABI.