La Defensoría del Pueblo logró gestionar el mandamiento de libertad para una de las uruguayas detenidas por portar siete gramos de marihuana

Delegación Defensorial Departamental de La Paz logró gestionar el mandamiento de libertad para la ciudadana uruguaya S.V.V, de 60 años de edad, detenida el pasado mes de marzo en el aeropuerto de la ciudad de El Alto, por el supuesto delito de tráfico de sustancias controladas, con esta acción concluye el proceso y consecuentemente la cesación de las medidas cautelares impuestas en su contra; la ciudadana fue detenida conjuntamente a su hija de 27 años, por portar siete gramos de marihuana.

“Hoy 3 de julio, luego de varias gestiones, se logró ejecutar el mandamiento de libertad, emitido el Juzgado de Sentencia Penal N°1 de la ciudad de El Alto, para la ciudadana uruguaya S.V.V”, informó la delegada Defensorial Departamental de La Paz, Maritza Suntura Juaniquina.

Suntura añadió que, en el caso de la hija con iniciales V.V.V., el Juzgado de Sentencia Penal N°1 de la ciudad de El Alto, radicó la causa con lo cual tomó conocimiento del proceso y dispuso su prosecución.

Asimismo señalo que, “Se tomó conocimiento del caso el 29 de junio de la presente gestión y desde entonces por instrucción del Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, la Delegación Departamental de La Paz realizó diferentes acciones, desde reuniones con el Embajador de la república del Uruguay en Bolivia, Fernando Marr Merello, la visita a las dos ciudadanas, en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, con el objeto de informar el avance de la situación procesal, una vez realizada nuestra intervención”, informó la autoridad.

La citada audiencia ya debía realizarse la semana pasada, pero fue suspendida porque el fiscal Diego Boris Farrachol no se presentó, pese a que el juez le dio la opción de conectarse de manera virtual.

Silvia sigue en Bolivia esperando la liberación de su hija y, en su desesperación grabó un audio para pedir ayuda.

“Fuimos tratadas como narcotraficantes y del aeropuerto nos llevaron directo a una celda fría oscura durante cuatro días, la primera noche la pasamos abrazadas, llorando y con mucho miedo, luego ingresamos al penal de Obrajes. Estar presas en un país extraño, aisladas de nuestra familia y amigos, sin nadie a quien recurrir, en condiciones muy es aterrador, los días transcurren lentos y la incertidumbre es bestial, el sueño es lo único que trae alivio y olvido. Con la ayuda de mucha gente, en especial de la Embajada de Uruguay en Bolivia pudimos sobrellevar esta situación sin enloquecer”, dice Silvia en las redes sociales.

“Hoy estoy libre, después de 106 días presa se pudo demostrar mi inocencia, Virginia sigue presa aunque no debería estarlo porque en Bolivia el consumo no se pena con prisión y en el caso de los extranjeros se los pena deportándolos a su país de origen, eso es lo que más deseamos, que la deporten, que mi hija vuelva a casa, ella hora está sola,  aterrada, desesperada, no pedimos ningún privilegio, solo que se cumpla la ley y que el 11 de julio se haga la audiencia prevista para que virginia pueda recuperar su libertad”, suplica esta madre.

En contacto con Sumando Voces, Rodrigo Rey, el abogado de Silvia y Virginia, dijo que la citación para la audiencia de este jueves es de apertura de juicio oral, sin embargo, ya se pidió el juicio abreviado para que Virginia pueda declararse culpable de consumo y pueda regresar a su país.

Rey dijo estar “conforme” con el trabajo del juez de sentencia de El Alto, Pablo Medrano, “que marca una diferencia notoria con el tratamiento que veníamos recibiendo por parte de otros segmentos del sistema judicial penal boliviano.

Entendemos que, una vez suscrito el acuerdo abreviado con el fiscal Diego Ferrachol, y que ya fue también debidamente presentado al juzgado, mañana deberíamos obtener sin más dilación la condena de Virginia por el delito de consumo”, dijo Rey desde Montevideo.

El abogado especialista en derechos humanos Franco Albarracín consideró que se violaron los derechos de las dos uruguayas y que no debieron ser encarceladas, ya que podrían haberse defendido en libertad.

“Aquí se está aplicando la norma de manera irracional, desproporcionada por una cantidad casi insignificante de droga, entonces se están vulnerando claramente su derecho a la libertad personal, al debido proceso, al acceso a la justicia y se está vulnerando el principio de inocencia”, indicó Albarracín.