Exprocurador José María Cabrera cuenta que Arturo Murillo impulsó su destitución porque la Procuraduría investigaba la compra irregular de gas lacrimógeno y la "privatización" de Elfec Cochabamba

 José María Cabrera fue Procurador General del Estado entre el 3 diciembre de 2019 al 17 de septiembre de 2020, abogado, con especialidad  en justicia constitucional, derecho constitucional y derechos fundamentales.

"Como lo denuncié públicamente, en septiembre del año pasado, se debió a la petición, a la reclamación que le hizo el entonces ministro de Gobierno  Arturo Murillo  a la presidenta Jeanine  en ocasión de las investigaciones del caso “gases lacrimógenos”, por el cual ahora fue aprehendido en Estados Unidos, y también por la privatización express de Elfec (Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba) en Cochabamba que se pretendía llevar a cabo. Estos dos casos que involucraban directamente al ministro Murillo fueron los que ocasionaron la furia de este ministro, quien nerviosamente le reclamó a la Presidenta  mi destitución.

Fui anoticiado de esa circunstancia, ni bien concluyó mi exposición de informe ante la Comisión de Investigación de la Asamblea Legislativa Plurinacional en el caso “gases lacrimógenos”, inmediatamente lo puse en conocimiento de la opinión pública y en las siguientes horas se concretó dicha situación. Cuenta que apenas fue destituido del cargo, su sucesor, “sin ningún rubor”, el mismo día de su posesión anunció la suspensión de las investigaciones que involucraban a funcionarios del Ministerio de Gobierno".

"Él lo reconoció públicamente ante la denuncia pública que yo hice de que él estaba pidiendo y logró la destitución mía, él mismo dijo con las frases “yo puse mi granito de arena”, haciéndose mofa de la situación y la paradoja fue que un alto dignatario de Estado, como es el Procurador General del Estado, haya sido destituido por el hecho de cumplir con su función constitucional de defender jurídicamente los intereses del Estado". 

Eso ponía en entredicho la actuación en general de la justicia frente a otra autoridad (que era el) ministro de Gobierno, haciendo uso abusivo de su poder, impedía que se realicen este tipo de investigaciones. 

Ahora, finalmente el tiempo ha dado la razón, lastimosamente el aparato de justicia de Bolivia, luego de ocho meses de estos sucesos, ha quedado rezagado y ha tenido que ser la justicia de un país extranjero, como Estados Unidos, que haya prácticamente esclarecido esta situación, dándonos incluso las cifras del monto económico por este negocio de los gases lacrimógenos.

Procurador General del Estado no forma parte del Órgano Ejecutivo, no es un  ministerio más del gobierno. Tiene por ley y diseño constitucional un mandato independiente, de manera que si bien yo tenía contacto con diferentes autoridades de Estado, de los cuatro órganos, los tratos que tenía eran esporádicos para los asuntos que tuve que ver. 

"Mucho tuve que reclamar al Ministerio de Gobierno con relación a la materia de derechos humanos,  puesto que la Procuraduría General del Estado defiende la cartera de derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y eventualmente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ahí había muchos inconvenientes de  descoordinación, sobre todo de declaraciones muy desafortunadas del ministro Murillo, que iban en contrasentido a la política de promoción y respeto a los derechos humanos".

"Abrimos una investigación en la que se cursó requerimientos procuraduriales de documentación e información tanto al Ministerio de Defensa, que cumple y contesta y envía toda una carpeta con todos los detalles del proceso de contratación. Producto de ello, la Procuraduría permite un requerimiento complementario y específico al Ministerio de Defensa, pero a diferencia de ello, se informó de que el Ministerio de Gobierno no contestó en absoluto -ni siquiera pidiendo ampliación de plazo-  al requerimiento de la Procuraduría y ante un segundo requerimiento, tampoco presentó". 

"Hasta el día que yo ejercí como Procurador, el 17 de septiembre de 2020, el Ministerio de Gobierno no presentó una sola hoja de papel como descargo. Ese solo hecho ya constituye un delito, el delito de incumplimiento de deberes. No contestar, no cooperar con la Procuraduría General del Estado está sancionado como delito en la legislación boliviana y constituye una obstaculización de la justicia, una ocultación de la información, elementos escandalosos que no obstante le granjearon impunidad en este caso, porque transcurrieron ocho meses sin que el sistema de justicia de Bolivia, más allá de mi paso transitorio por este puesto del Estado, finalmente pueda esclarecer este caso,  y ha tenido que ser la justicia de un país extranjero, a través del  FBI, que recién ahora nos dé los hallazgos de que al menos 602 mil dólares retornaron de Estados Unidos para beneficiar a particulares y los funcionarios de ese entonces".

En una investigación, la regla general es que no hay ninguna exclusión. Entonces, la investigación por sí misma va arrojando nuevos elementos y nuevas necesidades. Lo que no debe hacer la justicia boliviana es quedarse de brazos cruzados, porque la opinión pública desde septiembre del año pasado, desde mi destitución, no tuvo ninguna información de ningún avance y ninguna novedad en este caso, y ha sido recién con el hallazgo del FBI que hemos conocido todos estos detalles.

"Entonces, lo que tiene que hacer la justicia boliviana es continuar una investigación, y segundo, de manera muy importante, de manera independiente y sin politizar estas investigaciones, porque los casos de corrupción no tienen color político. La corrupción venga de donde venga causa daño al sistema democrático y al bienestar del pueblo boliviano". afirmó el exprocurador.