Nadia Cruz recordó que fueron al menos 27 asesinatos de lesa humanidad tras las operaciones conjuntas de la Policía y FFAA, 24 específicamente bajo órdenes de la señora Añez y su gabinete
“Y la pregunta es: ¿cuándo van a llamar, cuando se va a iniciar el proceso contra la señora Áñez, que es la que ha dado la orden? Ella era la Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Cuánto más tiene que esperar el pueblo boliviano para esclarecer estos casos?”,
Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, lamentó este miércoles que tras un año y tres meses de las masacres de Senkata y Sacaba, la Fiscalía mantenga un manto de impunidad y aún no haya iniciado procesos contra Jeanine Áñez y su gabinete, pese a que ella dio la orden para movilizar las tropas que dispararon a civiles.
Nadia Cruz recordó que fueron al menos 27 asesinatos de lesa humanidad tras las operaciones conjuntas de la Policía y FFAA. De esas muertes, “24 específicamente bajo órdenes de la señora Áñez y su gabinete que, de forma solidaria de acuerdo al marco constitucional, han emitido un decreto que daba permisividad para estas operaciones conjuntas”, manifestó.
Entrevistada en el programa 180 de radio Patria Nueva, Cruz cuestionó que después de un año y tres meses, la Fiscalía recién emitió imputación contra el general en retiro Luis Fernando Valverde Ferrufino, entonces director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, dejando que otros sospechosos de las más de 30 muertes fuguen del país.
“Todos sabemos que estas personas fueron asesinadas en manos de las fuerzas del orden y el Ministerio Público se ha demorado un año y tres meses para hacer la imputación, cuando ellos (sospechosos) ya están fuera”, sostuvo la Defensora. El activista de DDHH solicitó al Gobierno que se proceda a la baja a los militares y policías que participaron en las masacres de Senkata y Sacaba.
El representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto, David Inca, manifestó que la imputación del general Valverde, si bien es un primer indicio que da la justicia, no debe convertirse en un “chivo expiatorio” que evite el procesamiento de excomandantes del Ejército, de la Policía, ministros y de la expresidenta Jeanine Áñez.