La Paz 17 de Agosto de 2025, 10:51
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Comisión Especial Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional investigó denuncia de sobreprecio en la compra del material y concluyó con un informe que recomienda proceso contra tres ministros
Exprocurador José María Cabrera fue a declarar por esa denuncia ante la Comisión y reveló que el ministro Murillo no envió el informe requerido del proceso de compra, poco después fue apartado del cargo
publicado en 02 / Oct / 20Ministros de Gobierno, rturo Murillo; de Defensa, Fernando López; de la Presidencia, Yerko Núñez y el exministro de Economía Oscar Ortiz no acudieron a la convocatoria del Legislativo para informar sobre las denuncias de sobreprecio en la compra de materiales antidisturbios, por lo que se recomendó el inicio de un proceso penal por no colaborar en la pesquisa.
La Comisión Especial Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) investigó la denuncia de sobreprecio en la compra del material y concluyó con un informe que recomienda el proceso contra los tres ministros y el exministro, además del presidente de la Aduana, Waldo Ramos.
Presidenta de la comisión, senadora Plácida Espinoza, informó que los ministros no cooperaron en la investigación, al no asistir a las citaciones para declarar en esa instancia de fiscalización.
“No hubo cooperación del Ministerio de Gobierno ni de Defensa, así como de la Aduana Nacional, instituciones que directamente presentaron excusas para no participar”, aseguró, según un boletín institucional.
El exprocurador José María Cabrera acudió a declarar por esa denuncia ante la Comisión y reveló que el ministro Murillo no envió el informe requerido del proceso de compra. Poco después fue apartado del cargo.
Según la denuncia del programa Detrás de la Verdad, la empresa Bravo Tactical Solutions LCC, con sede en Estados Unidos, intermedió en la compra -en noviembre de 2019 del equipamiento-, una vez que el Gobierno suspendiera las gestiones directas que hacía con la proveedora Cóndor. Justamente esa intermediación encareció la compra que llegó a Bs 39,3 millones.
El informe conclusivo será remitido al pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional para su aprobación. Recomienda que el Ministerio Público continúe con las investigaciones por la compra irregular de armamento no letal antidisturbios, al igual que la Contraloría General del Estado realice las auditorias correspondientes.
