Para el 13 de diciembre se señaló audiencia de lectura de sentencia para los cuatro socios de Murillo, Sergio Rodrigo Méndez, Luis Berkman, Bryan Berkman, Philip Lichtenfeld que se declararon culpables
Por 30 días se postergó la audiencia del exministro de Gobierno, Arturo Murillo para que su nueva abogada investigue su caso. La exautoridad renunció a su derecho a una audiencia preliminar y su acusación está programada para el lunes 8 de noviembre, informó este viernes el abogado Thomas Becker.
Audiencia del exministro de Gobierno, Arturo Murillo, detenido en Estados Unidos por presunto lavado de dinero y pago de sobornos, fue postergada hasta el próximo 8 de noviembre, informó este viernes Wilfredo Chávez, procurador general del Estado.
“Él, en audiencia, ha solicitado la postergación de su audiencia por el plazo de 30 días aduciendo que la nueva abogada debe revisar los documentos con su cliente para de esa manera defenderse del caso”, dijo.
El Procurador, de acuerdo a procedimiento, considera que ésta será la “última opción” de diferimiento de la audiencia del exministro, por lo que el acto judicial “ha sido reprogramado para el 8 de noviembre a las 10.00 para dar lectura de cargos”.
Asimismo, “en la misma audiencia hemos entendido y hemos escuchado que Murillo habría renunciado a la audiencia preliminar, que es un derecho que le correspondía, y directamente vamos a ir a la audiencia en la que (se leerá) los cargos contra esta persona”, añadió el funcionario en una conferencia de prensa.
Murillo se encuentra detenido en Estados Unidos acusado por presunto lavado de dinero y pago de sobornos en la compra de gases lacrimógenos para Bolivia durante el gobierno de Jeanine Áñez.
Chávez dio a conocer que para el 13 de diciembre se señaló la audiencia de lectura de sentencia para los cuatro socios de Murillo (Sergio Rodrigo Méndez, Luis Berkman, Bryan Berkman, Philip Lichtenfeld) que se declararon culpables.
Según investigaciones realizadas en ese país, la compra de gases lacrimógenos, a través de una empresa intermediaria, demandó al Estado Plurinacional $us 5,6 millones y tuvo un sobreprecio de $us 2,3 millones.