Sigue trabada la Fiscalización a la gestión del alcalde Iván Arias en el Concejo Municipal de La Paz a pesar de un fallo constitucional de octubre de 2022

A pesar de un fallo constitucional que ordena al Ejecutivo cumplir con la Ley 499 de octubre de 2022, la fiscalización a la gestión edil sigue entrabada en el Concejo Municipal de La Paz.

En febrero de este año, Chambilla presentó una Acción de Cumplimiento contra el alcalde Iván Arias, y la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz falló a su favor, ordenando al alcalde cumplir la mencionada ley.

En los seis meses transcurridos, más de 400 solicitudes de información enviadas por el concejal opositor Pierre Chain y otros de la oposición han sido devueltas por el alcalde Arias. El argumento es que la Ley 499 no está en vigencia porque la Gaceta Municipal -está bajo su control- no la ha publicado.

Concejal Chain lamenta que ninguna autoridad pública intervenga para exigir el cumplimiento de la ley y asegurar la transparencia en la gestión municipal de La Paz.

La sospecha es que el oficialismo evita la transparencia en la gestión municipal. La fiscalización parece venir dificultada desde la gestión de Jorge Dulon como presidente del Concejo, continuando con Yelka Maric y Lucio Quispe. Chain ha señalado que Arias no atiende ni siquiera las quejas de los vecinos canalizadas por los concejales opositores.

El 25 de julio de 2024, el concejal opositor envió una carta a la secretaria del Concejo, Lucía Mamani, solicitando una justificación por el incumplimiento de la ley. Esta carta no recibió respuesta, a pesar de advertir que la desobediencia a resoluciones en acciones de defensa está sancionada con reclusión de 2 a 6 años según el Código Penal.

Según la Ley 499, los concejales pueden enviar solicitudes de información directamente a las unidades organizacionales del Ejecutivo Municipal. El 5 de junio, Arias envió una carta a la hoy presidenta del Concejo, Lourdes Chambilla pidiéndole que enviara los trámites por los canales formales y con base en el viejo Reglamento Interno del Concejo, desconociendo nuevamente la vigencia de la Ley de Fiscalización.

En diciembre de 2023, la concejala oficialista Yelka Maric denunció que el Concejo Municipal llevaba 400 días sin realizar ninguna fiscalización, aunque operaba con un costo de 29 millones de bolivianos financiados por los paceños.

En febrero de este año, aplicando nuevamente la Ley 499, el Concejo censuró a varios funcionarios, pero el alcalde los reinstaló pocas horas después. El 23 de marzo, apoyado en el fallo constitucional, el Concejo censuró a 15 autoridades, y según el artículo 22 de la Ley de Fiscalización, estos deberían haber sido destituidos de inmediato. Sin embargo, la mayoría continúa en sus cargos.