Ministerio Público acusa formalmente a Víctor Hugo Zamora y Javier Soliz implicados en la paralización y no reinicio de la planta de amoniaco y urea de Bulo Bulo

Ministerio Público informó este lunes que el 18 de marzo presentó ante la autoridad judicial la acusación formal en contra de seis personas implicadas en la paralización y no reinicio del funcionamiento de la planta de amoniaco y urea de Bulo Bulo, perteneciente a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Entre los acusados se encuentran el exministro de Hidrocarburos Víctor Hugo Zamora y el expresidente de YPFB Herland Javier Soliz (ambos declarados en rebeldía), informó el director de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, Tributarios, Aduaneros y Legitimación de Ganancias Ilícitas (LGI), Aldrin Barrientos.

Asimismo, el exvicepresidente nacional de Operaciones de YPFB Jorge Roberto Blancourt; el exgerente de Industrialización Oscar Alberto Boutier; el exdirector de la planta de amoniaco y urea Carlos Manuel Segundo Vilar; y el excoordinador de la planta Ivert Fernando Oliva están acusados.

Barrientos precisó que a los seis exfuncionarios se les atribuye los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

En ese sentido, ahora “la Fiscalía está solicitando la pena máxima para los acusados consistente en la privación de libertad de ocho años, más el incremento que se determine por agravantes”, señaló.

Recordó que este caso, denominado “YPFB – Bulo Bulo”, investiga una cuestionada decisión que en noviembre de 2019, durante el gobierno de Jeanine Áñez, se había tomado para “paralizar el funcionamiento de la planta de urea y amoniaco en Bulo Bulo”.

Barrientos informó que en este momento no se tiene una comunicación oficial sobre el paradero del exministro Zamora ni de Soliz.

“Sin embargo, en junio de 2021, se ha presentado ante la Interpol la solicitud de notificación azul para la búsqueda internacional de estas personas; lastimosamente, se tuvo una respuesta negativa por parte de Interpol, que nos ha indicado que, debido a que estas personas eran parte del gobierno anterior, no se podría realizar esta búsqueda”, lamentó.

Es así que “a partir de esa situación se había establecido por bastantes meses la paralización de la producción y también esa paralización había producido un deterioro importante en la maquinaria (ocasionando) un daño económico al Estado de aproximadamente $us 8.677.632”, explicó.

Además, detalló que el Ministerio Público emitió la acusación formal sustentada con 11 pruebas testificales y 73 pruebas documentales requeridas y secuestradas de las instituciones involucradas. Ahora, la Fiscalía está a la espera del señalamiento de inicio del juicio por parte de la autoridad jurisdiccional correspondiente.