Religiosos en cuestión pertenecen a la Asociación Seminario del Pueblo de Dios nació en Barcelona en 1977 y fue extinguida por el Tribunal eclesiástico en 2017, por impartir una doctrina distinta a las tradiciones católicas
Grupo de sacerdotes y diáconos de Valledupar, en el norte de Colombia, son investigados por sostener relaciones sexuales alegando que no son pecado, y por realizar prácticas esotéricas. Por estos motivos fueron suspendidos de sus funciones públicas por el tribunal eclesiástico de la diócesis de Vic, de Barcelona, España.
"Promulgaban la idea de que, si Dios hizo el amor, los religiosos no tendrían por qué dejar de hacerlo", explicó al noticiero CM& el sacerdote Norberto Mogollón, director Pastoral de la Diócesis de Valledupar, quien pidió al Vaticano investigar a 17 curas y dos laicas por no practicar el celibato, una de las doctrinas de la Iglesia Católica.
Estos religiosos en cuestión pertenecen a la Asociación Seminario del Pueblo de Dios, que nació en Barcelona en 1977 y fue extinguida por el Tribunal eclesiástico en 2017, por impartir una doctrina distinta a las tradiciones católicas; detalló el diario El País, de España. Este seminario creado por fieles laicos planteaba una forma de vida agnóstica, que se aleja de la teología de los cátaros que practica la iglesia.
En su momento sus miembros fueron suspendidos, muchos no acataron la decisión y se fueron a otros lugares del mundo. Fue así como llegaron a Colombia y otros países de América, aunque siempre han estado en la mira de las autoridades eclesiásticas, que los señalan incluso de realizar ritos esotéricos.
La diócesis de Vic indicó que los religiosos deben "salir de manera preventiva del ejercicio público del ministerio"; es decir, que no pueden impartir misas en iglesias ni en lugares públicos, mientras son juzgados a puerta cerrada de acuerdo con el derecho canónico, la investigación detalla que el grupo de religiosos, todos mayores de edad, realizaba prácticas sexuales entre hombres y mujeres de manera consentida, por lo que no incurrieron en un delito penal pero sí católico. "Hay que preservar el derecho a la buena fama y la presunción de inocencia de todos los implicados", precisó la Conferencia Episcopal Tarraconense, de España.
Esta entidad católica que integran los obispos de las provincias eclesiásticas de Tarragona y Barcelona, en España, explicaron por medio de su agencia de prensa que los 17 religiosos, pese a la sanción que les habían impuesto en 2017, tenían espacios en parroquias y conventos en España y Colombia.