Ex ministros Jorge Berindoague, Carlos Contreras y Carlos Alberto López, recibieron condena de cinco años de cárcel en Chonchocoro
Gonzalo Sánchez de Lozada recibió la sentencia de seis años y tres meses de privación de libertad en el penal de Chonchocoro, indicó el magistrado Olvis Egüez, quien ejerció como presidente del tribunal de sentencia.
En el juicio de responsabilidades, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por mayoría de votos, decidió sentencia condenatoria contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y tres de sus exministros, por el caso denominado Petrocontratos.
107 contratos de comercialización exploración y explotación de hidrocarburos que fueron suscritos sin la autorización congresal respectiva en la época del Gobierno de Goni. La condena fue por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Junto a Sánchez de Lozada, fueron condenados los exministros Jorge Berindoague, Carlos Contreras y Carlos Alberto López, quienes recibieron la condena de cinco años de cárcel en Chonchocoro.
El proceso se realizó en ausencia de los acusados, quienes fueron declarados rebeldes. Sánchez de Lozada, de 94 años, radica en Estados Unidos. El Tribunal determinó, además, emitir una exhortación al Estado para que se cumpla con los estándares interamericanos de garantizar el derecho a la apelación, puesto que actualmente el juicio de responsabilidades se realiza en única instancia. Entre tanto, los plazos procesales están suspendidos
Seis de los nueve magistrados votaron a favor de la sentencia condenatoria: Ricardo Torres, Carlos Alberto Egüez, Juan Carlos Berríos, Marco Jaimes, Nuria González y Olvis Egüez.
Mientras tanto, los magistrados María Cristina Díaz, José Antonio Revilla y Edwin Aguayo votaron para que se proceda con la nulidad de obrados, pero fueron minoría.
Recordemos, que la denuncia sobre el caso fue presentada por Evo Morales en 2005, en su condición de diputado. La Fiscalía admitió la demanda el 14 de abril de ese año.
El 11 de septiembre de 2011, la Asamblea Legislativa autorizó el procesamiento de las exautoridades por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y encubrimiento.
Sánchez de Lozada huyó del país en octubre de 2003, tras la muerte de más de 60 personas en la denominada Guerra del Gas. Estableció su residencia en Estados Unidos.