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Juzgado Cuarto de Instrucción Anticorrupción ordena que el exministro Juan Santos Cruz sea enviado a la cárcel de San Pedro con detención preventiva de seis meses

Este proceso penal fue abierto por el Viceministerio de Transparencia Institucional en contra de Alexander S. S., sobrino del exministro, por el delito de enriquecimiento ilícito. En la misma causa está otra de las colaboradoras del acusado, Viviana B.

publicado en 18 / May / 23

Juzgado Cuarto de Instrucción Anticorrupción ordenó que el exministro de Medio Ambiente y Agua Juan Santos Cruz sea enviado a la cárcel de San Pedro de La Paz con detención preventiva de seis meses, en el marco de la investigación por enriquecimiento ilícito. “Se ha determinado seis meses de detención preventiva en San Pedro”, informó el abogado del exministro.

Santos Cruz está acusado del delito de enriquecimiento ilícito, por haber sido vinculado con millonarios movimientos económicos y compras de decenas de bienes inmuebles y vehículos en Tarija y Pando con dineros provenientes -según la denuncia- de coimas cobradas a empresas para adjudicarse obras.

Se investigan alrededor de 60 cuentas bancarias relacionadas con las denuncias de corrupción al interior del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Durante la audiencia de medidas cautelares, la Fiscalía fundamento su solicitud de detención preventiva argumentando riesgos procesos procesales y peligro de fuga. Tras la deliberación se determinó sea recluido preventivamente mientras se realicen las investigaciones.

Este proceso penal fue abierto por el Viceministerio de Transparencia Institucional en contra de Alexander S. S., sobrino del exministro, por el delito de enriquecimiento ilícito. En la misma causa está otra de las colaboradoras del acusado, Viviana B.

Según el testimonio de una de las exfuncionarias, Cruz utilizó varias personas de su confianza para cobrar coimas a empresas privadas que pretendían adjudicarse determinados proyectos del Ministerio de Medio Ambiente.

Según las investigaciones preliminares, Alexander S. S. compró cinco inmuebles en un solo día, en tanto que Viviana B., seis en tres meses. Ambos tenían movimientos bancarios irregulares que superan los Bs 2.7 millones.


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