Gobierno y la Central Obrera Boliviana COB suscriben este viernes acuerdo de pacificación en la Casa Grande del Pueblo, al salir de la firma, Mario Argollo anunció que se levantan las medidas de presión

El acuerdo firmado entre el gobierno de Rodrigo Paz y la COB:

Los temas acordados son los siguientes:

1: Derechos humanos, garantías orgánicas y pacificación

El Gobierno nacional no apoyará ni promoverá ninguna norma que criminalice la protesta; no realizará persecución política, judicial y mediática contra dirigentes y autoridades orgánicas movilizadas.

Además, se instruyó la conformación de una comisión legal compuesta por representantes del Ejecutivo, la COB, y el Ministerio Público para gestionar la liberación de los detenidos y la revisión de los procesos en los conflictos.

2: Cumplimiento de compromisos y control social

El Gobierno nacional cumplirá su programa de gobierno presentado en campaña electoral y se compromete a cumplir los mecanismos de rendición pública de cuentas, transparencia y control social establecidos en la Constitución Política del Estado y las leyes.

3: Soberanía económica y defensa de empresas públicas

“El Gobierno nacional ratifica que no impulsará la privatización de empresas públicas estratégicas ni la entrega de recursos naturales estratégicos a intereses privados nacionales o extranjeros en perjuicio del Estado boliviano”, señala el documento.

Remarca la defensa de las empresas públicas, privadas y autogestionarias estratégicas, y de realizar las gestiones e inversiones correspondientes en el sector productivo minero asalariado.

Sobre el financiamiento externo, el Gobierno se compromete en transparentar toda negociación, crédito o acuerdo con organismos internacionales, resguardando la soberanía nacional, la sostenibilidad fiscal y el interés del pueblo boliviano.

Además, señala que no se aceptarán imposiciones ni condicionamientos sobre política por parte de estados, bancos, o instituciones financieras boliviana o extranjeras, entidades multilaterales ni empresas transnacionales.

Respecto a la distribución de recursos bajo la premisa del 50-50, el Gobierno nacional impulsará una mesa técnica de pacto fiscal y distribución de recursos con las instancias competentes de manera inmediata, en el marco de la Constitución, el régimen autonómico y la sostenibilidad financiera del Estado. Aclarando que la educación y salud es responsabilidad del estado.

4: Transparencia, fiscalización e investigación soberana

Sobre este punto, remarca que el Gobierno no permitirá la injerencia extranjera.

Respecto al caso ‘narcomaderas’ indica que se apoyará la conformación una Comisión Especial Mixta Legislativa para investigar este caso, mientras que el caso ‘maletas’, el Gobierno aclara que ya se conformó una comisión investigadora.

5: Política de hidrocarburos y resarcimiento técnico

“El Gobierno nacional se compromete a garantizar el abastecimiento de combustibles cumpliendo con los estándares internacionales de calidad, la sostenibilidad de la política interna de precios, el incremento de la producción nacional de hidrocarburos y la protección de la economía”, señala el documento.

Añade que se presentará un informe en detalle del resarcimiento y compensaciones de daños y perjuicios ocasionados por la gasolina ‘desestabilizada’ y la realización de una auditoría técnica / financiera externa independiente que será mediante una empresa auditora internacional para identificar los responsables de la adquisición de la denominada ‘gasolina basura’.

6: Socialización legislativa y democracia participativa

En este punto señala que el Gobierno promoverá previamente mecanismos de socialización, participación y consulta en normas, decretos o medidas de alto impacto social, económico, productivo o sectorial, y que en el caso de las medidas que afecten directamente a pueblos indígena originarios campesinos, se aplicarán los mecanismos de consulta que correspondan conforme a la Constitución.

7: Canasta familiar, derechos laborales y seguridad social

El Gobierno nacional impulsará medidas urgentes para proteger la canasta familiar, fortalecer la producción nacional, mejorar el abastecimiento de productos esenciales, enfrentar la especulación, cuidar el salario real y preservar el empleo.

Respecto al sistema de pensiones, el Gobierno nacional se compromete a conformar una comisión técnica para la revisión de la Ley N° 065 de Pensiones, con criterios de sostenibilidad financiera, estudio actuarial, equidad, fuentes de financiamiento y protección de los trabajadores.

El Gobierno nacional también se compromete a conformar mesas de trabajo para abordar el pliego petitorio de la Central Obrera Boliviana y los pliegos sectoriales específicos, priorizando temas laborales, productivos, sociales y de seguridad social.

8: Medio ambiente y política internacional pacifista

El Gobierno nacional convocará a la Central Obrera Boliviana y a las instancias competentes a una mesa de trabajo para verificar el cumplimiento de la normativa sobre áreas protegidas, parques nacionales, reservas naturales y protección ambiental.

El Gobierno ratifica que toda actividad económica deberá respetar la Constitución Política del Estado, la normativa ambiental, los derechos de los pueblos indígena originarios campesinos, la protección de la Madre Tierra y el interés nacional.

Asimismo, el Gobierno nacional ratifica una política exterior conforme a la Constitución Política del Estado, basada en la paz, la soberanía, la independencia nacional, la integración de los pueblos y la defensa de los intereses de Bolivia.

Presidente Rodrigo Paz y el máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, firmaron un acuerdo para pacificar el país, por lo que el dirigente sindical instruyó el levantamiento de las medidas de presión tras 50 días de bloqueos.

Dos días de negociación basado en una agenda de trabajo presentada por la COB, el Gobierno logró un acuerdo con el ente sindical, basado en ocho temáticas de acuerdo.

“El Gobierno Nacional se compromete a cumplir todos los puntos anteriores en tiempos y plazos oportunos que no excedan hasta los 90 días”, establece la nota final del documento.

Al salir de la firma, el ejecutivo cobista Mario Argollo anunció que se levantan las medidas de presión.

"Quiero manifestar a todos nuestros afiliados a nivel nacional, tomando el respeto siempre de nuestros hermanos de las 20 provincias, que también son orgánicos, y la COB también es orgánica, que a partir de este momento se están levantando las medidas de presión a nivel nacional, con un compromiso del gobierno de cumplir de manera inmediata todo lo que se ha suscrito", dijo Argollo.

El conflicto comenzó el 1 de mayo cuando la COB declaró paro general. Desde entonces, las medidas de presión se agudizaron con bloqueos de caminos que exigían la renuncia del presidente Paz.

Argollo argumentó que se ha acercado al Gobierno al ver la necesidad de pacificar el país. “No nos podíamos permitir como compañeros trabajadores, campesinos, obreros enfrentarnos entre bolivianos”.

Lamentó que las movilizaciones se han empezado a “ensuciar” con temas políticos y eso no se lo puedo permitir. 

“Estamos haciendo esto para que no se desame sangre. No queremos que esto llegue a un estado de excepción”, señaló el dirigente. 

Negó ser un traidor y señaló que se debe cuidar a las bases. Al resto de sectores, el dirigente exhortó: “acudamos al diálogo. No permitamos que nuestro país sufra más y no quedemos como los malos de la película”.

Explicó que el Gobierno tiene plazo de 90 días para cumplir con los compromisos, si no el “pueblo lo juzgará”. 

“Esta lucha no ha sido de balde. Hemos hecho prevalecer lo que significa el respeto a la tierra con la abrogación de la 1720, también estamos garantizando la protección a nuestra Constitución Política del Estado. También estamos protegiendo lo que significan nuestros recursos naturales y que las leyes y decretos sean consultadas por el pueblo. En ese sentido, creemos que es una gran ganancia que en su momento no se estaba tomando en cuenta”, agregó.