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Es denunciada por siete delitos tras asumir la presidencia del Senado de forma "irregular" el 2019 y Fiscalía tramita congelamiento de cuentas bancarias de Áñez y de dos de sus exministros

Añez fue acusada por presunta comisión de los delitos de sedición, conspiración, atribuirse los derechos del pueblo, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, anticipación o prolongación de funciones, asociación delictuosa e incumplimiento de deberes

publicado en 27 / Apr / 21

Requerimiento está dirigido a Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y refiere: “Se proceda a realizar el congelamiento de cuentas corrientes, caja de ahorros, depósitos a plazo fijo, tarjetas de crédito en moneda nacional y moneda extranjera a nivel nacional que se tenga registrado”.

Fiscalía pidió el congelamiento de las cuentas bancarias individuales y/o conjuntas de la expresidenta Jeanine Áñez, de sus dos exministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán, y de dos exaltos mandos de las Fuerzas Armadas procesados en el caso “golpe de Estado”.

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Además de Áñez, Coimbra y Guzmán, está en el requerimiento fiscal revelado por la red Gigavisión el excomandante de la Armada y exjefe de Estado Mayor Flavio Arce San Martín y el excomandante del Ejército Jorge Pastor Mendieta. Los cuatro se encuentran en la cárcel por el caso “golpe de Estado”.

Exdiputada del MAS Lidia Patty presentó la denuncia para que se establezcan responsabilidades en los hechos que en 2019 derivaron en la dimisión del expresidente Evo Morales tras denuncias de fraude electoral, una protesta cívica, un motín policial y la “sugerencia” militar de renunciar. El excívico y electo gobernador cruceño Luis Fernando Camacho es el principal acusado en este proceso, pero hasta el momento no lo citaron a declarar.

Siete delitos pesan en contra de la expresidenta Jeanine Añez en el nuevo proceso iniciado en su contra por haber asumido, presuntamente, de forma ilegal la presidencia de la Cámara de Senadores en 2019 y posteriormente la presidencia del Estado.

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Denuncia presentada hace una semana por el presidente de la Cámara Alta, Andrónico Rodríguez, quien dijo haber adjuntado documentación escrita y audiovisual de los hechos ocurridos entre el 8 al 12 de noviembre de 2019.

En este nuevo caso, Añez fue acusada por la presunta comisión de los delitos de sedición, conspiración, atribuirse los derechos del pueblo, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, anticipación o prolongación de funciones, asociación delictuosa e incumplimiento de deberes.     

“Pedimos al Ministerio Público, en cumplimiento a sus atribuciones, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, proceda a iniciar y concluir las investigaciones; está en sus manos, de acuerdo a los plazos previstos, por las leyes especializadas en nuestro país y dando a conocer al pueblo boliviano por este origen del procedimiento noviembre irregular ilegal que se ha consolido en 2019”, afirmó el legislador.

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Rodríguez citó al artículo 35 del Reglamento General de la Cámara de Senadores donde se señala que al bloque político mayoritario le corresponde la Presidencia del Senado, la Primera Vicepresidencia, Primera Secretaría y Tercera Secretaría. En el caso de la Segunda Vicepresidencia y Segunda Secretaría, al bloque político minoritario.

“Bajo ninguna circunstancia, ningún escenario, la señora (Jeanine) Añez pudo haberse arrugado a la Presidencia de Senado, a lo máximo que podía haber llegado por obligación y en cumplimiento a su deber es haber convocado a la sesión para suplir las acefalias y conformar la directiva de la Cámara de Senadores y de esa manera proceder con la sucesión constitucional”, sostuvo.

Citó además al artículo 169 de la Constitución Política del Estado donde, en el primer parágrafo, señala que en el caso de impedimento o ausencia definitiva del Presidente del Estado debe ser reemplazado por el Vicepresidente; a falta de este, por el Presidente de la Cámara de Senadores; y a falta de este, por el Presidente de la Cámara de Diputados. Rodríguez insistió que el este proceso contra Añez es para sentar un precedente para que no vuelva a ocurrir en el país.  


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