Caso Senkata de 2019 lleva a Jeanine Añez, a un estrado judicial que definirá si es procesada por vía ordinaria o en juicio de responsabilidades

Alredor de las 15:00 de este martes, se instaló la audiencia de la expresidenta, Jeanine Añez, donde el Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal de El Alto, deberá definir si la exautoridad asume un juicio de responsabilidades o un proceso por la vía ordinaria, por el denominado caso Senkata de 2019.

Fue la exautoridad quien escribió en su cuenta de Twitter que la audiencia se realizaría la tarde de este martes. Añez sigue la audiencia desde la cárcel de mujeres de Miraflores en La Paz.

“Me dicen que a las 14:00 un juez de instrucción sin competencia para procesar a una expresidenta de Bolivia, cumplirá la orden de Iván Lima Magne (ministro de Justicia) y el MAS de negarme Juicio de responsabilidades por la verdad y la justicia de los hechos violentos provocados por el huido en 2019”, señala el mensaje de Añez.

La defensa legal de Jeanine Añez observó que el Ministerio Público está actuando ilegalmente al usar dos vías para acusar a la expresidenta por el mismo delito, ya que fue imputada por la Fiscalía General por el caso Senkata y ahora se realizó la misma acción por el mismo proceso a través de la Fiscalía de El Alto.

Añez fue detenida en Trinidad en marzo de 2021 y desde entonces enfrenta varios procesos. En junio de 2022, fue sentenciada a 10 años de cárcel acusada por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado.

La anterior semana, Añez señaló que por su salud ya no participaría de ninguna audiencia, porque consideraba que eran desgastantes y que todas ya tenían una resolución previa. Su declaración fue en una audiencia virtual del caso terrorismo.

Ministro de Justicia, Iván Lima, señaló en su momento que un magistrado de una corte de El Alto “ha contestado” la solicitud de esa cartera de Estado y definió una audiencia para tratar la competencia del caso por la masacre de Senkata.

“Esperamos que el día martes (...) se tome una decisión definitiva que le dé tranquilidad al pueblo boliviano y a las víctimas, en el marco de un debido proceso”, adelantó la autoridad.

El Ministerio Publicó determinó la ampliación del proceso penal contra Áñez por los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves vinculados a la masacre de Senkata, El Alto, que dejó a 10 personas fallecidas por impactos de bala el 19 de noviembre de 2019.

Las muertes ocurrieron en el marco del desarrollo de una operación militar y policial autorizada por la presidenta inconstitucional y su primer gabinete. Áñez y sus ministros firmaron el Decreto Supremo 4078, que eximió de eventuales juicios penales las acciones de los militares, que luego de los operativos y sucesivas masacres en los departamentos de La Paz y Cochabamba fue abrogado.

La comisión de fiscales que pidió la ampliación del proceso estableció que el 19 de noviembre de 2019 fuerzas de seguridad del Estado ejecutaron el Plan Sebastián Pagador, que consistía en tomar control de la planta estatal de engarrafado de gas licuado y almacenamiento de carburantes ubicada en el barrio de Senkata.

Las fuerzas de seguridad del Estado, que habían desplegado vehículos de combate, despacharon sin oposición ciudadana cisternas con combustible que llegaron “a su destino final sin novedad”.

“Sin embargo, posterior a la salida del convoy de cisternas, grupos de personas provistas de palos, piedras y petardos agudizaron sus protestas en inmediaciones de la planta, hecho que generó, entre otros, la caída de muros perimetrales colindantes con la carretera La Paz-Oruro”, señala el informe oficial.

A raíz de esos hechos, agrega el Ministerio Público, se generó la violenta represión de las fuerzas combinadas contra la población civil desarmada. “Se registró un saldo de 31 personas heridas cuyas lesiones son compatibles por proyectil de arma de fuego y lesiones por elemento confuso perforante, así como 10 personas fallecidas, a causa de impacto por proyectil de arma de fuego”.

Los peritos forenses establecieron que dos personas fallecieron por arma calibre 9 mm, un fallecido por calibre 5,56 y dos por calibre 22. “Los restantes cadáveres presentaban orificios de entrada y de salida”.

Las muertes ocurrieron, según la comisión de fiscales, “en absoluta violación y desprecio a los estándares internacionales sobre derechos humanos, emitir el inconstitucional e ilegal Decreto Supremo 4078, del 14 de noviembre de 2019, justificando con ello una presunta inestabilidad pública y eximiendo de responsabilidad penal al personal militar”.

Gabinete

“El decreto de la muerte”, como fue bautizada la norma 4078, fue firmado, además de Jeanine Áñez, por Karen Longaric (canciller), Jerjes Justiniano (ministro de la Presidencia), Arturo Murillo (ministro de Gobierno, con condena en Estados Unidos por lavado de activos), Fernando López (ministro de Defensa), José Luis Parada (ministro de Economía), Álvaro Guzmán (ministro de Energía), Yerko Núñez (ministro de la Presidencia) y Álvaro Coímbra (Ministro de Justicia).

La nómina está integrada también por María Elva Pinckert (Ministra de Medio Ambiente y Agua), Mauricio Ordoñez (ministro de Desarrollo Rural y Tierras) y Roxana Lizárraga (ministra de Comunicación).

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que fue la primera entidad en investigar los sucesos, consideró que lo ocurrido en Sacaba, Cochabamba, con 11 muertos,  y Senkata, fueron masacres.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos concluyó, tras la investigación de una misión de observación de tres semanas en el país, que el gobierno de Áñez incurrió en “graves violaciones a los derechos humanos” durante las protestas de noviembre de 2019 en el barrio alteño de Senkata y en Sacaba, Cochabamba.

Amnistía Internacional, por su lado, denunció “impunidad” tras el uso “excesivo e innecesario” de fuerzas del Estado contra las protestas que se opusieron a la asunción Áñez a la Presidencia y que dejaron 38 muertos por amas de fuego, la mayoría de ellos en Senkata y Sacaba.

Pacificación

El 12 de noviembre de 2019, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, William Kaliman, hoy prófugo de la justicia, le imponía la banda presidencial a Jeanine Áñez.

“Mi compromiso es devolver la democracia y tranquilidad al país”.Ésas fueron las promesas, con la Biblia en la mano, de Áñez minutos después de asumir el mando de la nación sin que la Asamblea Legislativa aprobara antes la renuncia del presidente y vicepresidente del país, Evo Morales y Álvaro García, un paso que exige la Constitución.

Ultra religiosa, cada mañana que llegaba a su despacho en Palacio Quemado, reunía a su círculo de colaboradores más cercanos e invocaba a Dios en sus oraciones. El 15 de noviembre cumplió ese mismo ritual y minutos después recibía y firmaba el “decreto de la muerte”. El documento había sido discutido y redactado un día antes.

El artículo 3 de esa norma provocaría el estupor de organizaciones de derechos humanos dentro y fuera del país por estimular la represión violenta: “El personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad”.

Mientras los comandantes militares, bajo el respaldo del “decreto de la muerte”, bosquejaban las operaciones de las fuerzas de seguridad del Estado para aplastar las movilizaciones, ese mismo 15 de noviembre en el hall de Palacio Quemado se presentaba Jeanine Áñez a la prensa extranjera como la “presidenta transitoria”.

La parlamentaria marginal y poco conocida no mencionó la vigencia del Decreto 4078, pero advirtió a los periodistas la aparición de supuestos grupos subversivos armados.

“Como presidenta de Bolivia quiero informar que hemos identificado grupos subversivos armados conformados por súbditos extranjeros y de compatriotas de algunas regiones en conflicto”, dijo, acompañada por ministros de Estado, comandantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, reportaba una agencia internacional.

En el primer día de las intervenciones militares orientadas a “pacificar el país”, murieron 11 civiles y otros 120 resultaron heridos en Sacaba, Cochabamba. El 19 de noviembre, en Senkata, se registraron otros 10 civiles fallecidos y 78 heridos.

Tras las sucesivas masacres, se conoció el decreto aprobado por el Ejecutivo y al gobierno de facto le llovieron críticas internacionales. En 10 días de vigencia, la exención de responsabilidad penal para las Fuerzas Armadas dejó 38 muertos y decenas de heridos.

Al revocar la medida, en cadena nacional, Jeanine Áñez dijo que se había logrado la “pacificación”. Este martes, en vigilias ciudadanas, las familias de las víctimas y organizaciones sociales recordaban en las calles que  “masacre no es pacificación”.