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Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura denuncia ante la ONU obstaculización del Estado a su labor de resguardo de los derechos humanos

La Defensoría del Pueblo se enmarca en la premisa de promover y resguardar los derechos humanos de toda la población, sin ningún tipo de distinción, y en ese marco, no existe ningún tipo de mirada o favorecimiento político

La Defensoría del Pueblo como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), envió una comunicación ante el Subcomité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura (SPT), para poner en evidencia la reiterada obstaculización del Estado boliviano a la labor de esta instancia defensorial, en el marco de sus acciones de resguardo de los derechos humanos.

El coordinador del MNP, Juan Ledezma, explicó que la comunicación ante la instancia internacional se debe a que los servidores defensoriales fueron impedidos de realizar su labor de prevención y verificación de las condiciones en las que se encontraban las 63 personas aprehendidas durante el operativo de desbloqueo en Parotani (Cochabamba).

“El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura ha emitido una comunicación formal al Subcomité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (SPT), para poner en conocimiento sobre algunos obstáculos que están yendo en detrimento del cumplimiento de nuestras atribuciones”, explicó Ledezma.

El representante del MNP señaló que esta instancia defensorial se movilizó desde el viernes 1 de noviembre, anoticiada sobre la existencia de personas aprehendidas, las cuales fueron trasladadas a La Paz.

Ledezma señaló que la labor del personal del MNP se circunscribía a verificar el cumplimiento de las salvaguardias legales al momento de la detención, pero que tuvieron que esperar más de 12 horas antes de lograr el acceso a los aprehendidos, recién el sábado 2 de noviembre, en instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz.

Incluso, se registraron restricciones en el desenvolvimiento del personal defensorial, pues la Policía Boliviana solo franqueó el ingreso a una persona (el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya) y no así al resto del personal, entre quienes se encontraba un médico forense.

Pese a ello, y una vez vencidos los obstáculos, el personal del MNP realizó las gestiones necesarias para verificar el estado de salud de los detenidos, asegurarse que hayan recibido alimentación y canalizar la entrega de efectos personales como ser ropa, alimentos, mantas y frazadas.

Asimismo, en la verificación, también se estableció que sólo una persona necesitaba atención médica. Ledezma aclaró que la actuación del MNP y de la Defensoría del Pueblo se enmarca en la premisa de promover y resguardar los derechos humanos de toda la población, sin ningún tipo de distinción, y en ese marco, no existe ningún tipo de mirada o favorecimiento político, toda vez que tratados internacionales delinean el accionar de esta institución, refrendado legalmente en Bolivia mediante la Ley 3298 del 12 de diciembre de 2005.

 


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