La denuncia da cuenta que el gobierno de facto desembolsó $us 5,7 millones por la compra de gases lacrimógenos a la intermediaria Bravo Tactical Solutions, pero solo pagó a la empresa brasileña Cóndor $us 3,3 millones. El sobreprecio está cifrado en $us 2,3 millones
El 26 de mayo de 2021 se conocía de la detención del que fuera el hombre fuerte del gobierno de la expresidenta Jeanine Áñez. Aunque en Bolivia tenía abierto un proceso por la denuncia de sobreprecio en la compra de materiales antidisturbios, logró viajar a Estados Unidos con ayuda del entonces responsable de Migración Marcel Rivas, hoy en la cárcel.
17 meses de su detención en Miami, Estado Unidos, el exministro de Gobierno Arturo Murillo será llevado este jueves al inicio de su juicio por delitos de soborno y lavado de dinero proveniente de la corrupción. El procurador del Estado, Wilfredo Chávez, espera una condena superior a los cinco años de cárcel.
Murillo fue la mano dura del gobierno de facto de Áñez. Lideró una persecución contra exautoridades, dirigentes y afines al oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS).
De principio optó por no declararse culpable, pero cambió de estrategia y ahora se declarará culpable. Sus cómplices, Philip Lichtenfeld, los hermanos Bryan y Luis Berkman y Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, admitieron los delitos y recibieron su condena en Florida.
“Se va a dictar la sentencia en la que se va imponer, obviamente, una pena acorde a su participación criminal en el hecho delictivo que él ha encabezado. Es importante este juicio para el país”, afirmó Chávez y espera que la sentencia “pueda ser algo muy superior a los cinco años”.
La denuncia da cuenta que el gobierno de facto desembolsó $us 5,7 millones por la compra de gases lacrimógenos a la intermediaria Bravo Tactical Solutions, pero solo pagó a la empresa brasileña Cóndor $us 3,3 millones. El sobreprecio está cifrado en $us 2,3 millones.