La Paz 09 de Septiembre de 2026, 08:20
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Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas pone en duda la validez, nuevo Código Minero sin incorporar a los pueblos indígenas y comunidades afectadas por la actividad extractiva
Hacen referencia que Bolivia también es parte del Convenio de Minamata y advirtió sobre los efectos de la contaminación con mercurio en mujeres y niños de comunidades indígenas
publicado en 20 / Aug / 26“Estamos abandonados a nuestra suerte mientras están haciendo más leyes, más normas o más códigos sin nuestra participación. (...) El gobierno viene impulsando diálogos con sectores como el minero a puertas cerradas sin hacer participe no solo a los pueblos indígenas que somos las víctimas de toda esta devastación minera, sino también de la sociedad civil y particularmente de los medios de comunicación”, afirmó Ruth Alipaz, representante de CONTIOCAP, quien sostuvo que se estaría repitiendo la fórmula utilizada para la elaboración de la Ley 535 de 2014.
Ruth Alipaz es una destacada lideresa indígena del pueblo Uchupiamona y defensora ambiental en Bolivia. Ejerce como una de las principales voceras y representantes de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas CONTIOCAP.
Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas CONTIOCAP cuestionó que el Gobierno avance en la elaboración de un nuevo Código Minero sin incorporar a los pueblos indígenas y comunidades afectadas por la actividad extractiva.
Recordó que Bolivia también es parte del Convenio de Minamata y advirtió sobre los efectos de la contaminación con mercurio en mujeres y niños de comunidades indígenas.
En la Cumbre Nacional de Minería, analiza propuestas para actualizar el Código Minero, los cooperativistas plantearon una ley especial del oro, un impuesto único, una distribución del 50% para municipios productores y rechazaron la “criminalización” de la minería ilegal. CONTIOCAP anunció que recurrirá a mecanismos legales nacionales e internacionales para exigir la participación de los pueblos indígenas y el respeto de sus derechos.
Alipaz señaló que durante un encuentro nacional de resistencias territoriales, realizado en Guayaramerín, las comunidades alertaron que la minería está afectando las fuentes de agua y contaminando ríos, peces y suelos, especialmente en la Amazonía por el uso de mercurio. También cuestionó los llamados derechos preconstituidos que, según dijo, buscan evitar la consulta previa a los pueblos indígenas.
La representante afirmó además que el Estado vulnera derechos establecidos en el Acuerdo de Escazú, entre ellos la participación pública, el acceso a información ambiental y el acceso a la justicia.
