La Paz 14 de Mayo de 2024, 11:18
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Presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, anticipó que una vez retornen en 2023 fijarán fecha y hora para que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho brinde informe oral por el paro de 36 días
Dijo que "alguien tiene que informar por las pérdidas millonarias en el sector público y privado, por las muertes que se registraron en los días de paro, y por las violaciones a los derechos humanos"
presidente de la Cámara del Senado, Andrónico Rodríguez, anticipó que una vez retornen del receso legislativo en 2023 y se instale la primera sesión, fijarán fecha y hora para que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, brinde un informe oral por el paro de 36 días.
“Con seguridad, en la primera sesión se fijará la fecha y hora para que el gobernador de Santa Cruz se presente por los sucesos de más de 30 días de paro en Santa Cruz”, afirmó Rodríguez.
El 15 de diciembre, Luis Fernando Camacho debía comparecer ante la Cámara Alta, sin embargo, el gobernador justificó su ausencia, argumentando que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no tiene tuición de fiscalizar a los gobiernos departamentales y municipales.
Dijo que “alguien tiene que informar por las pérdidas millonarias en el sector público y privado, por las muertes que se registraron en los días de paro, y por las violaciones a los derechos humanos”.
En aquella oportunidad, Andrónico manifestó que si no comparece por segunda vez, se actuará como lo manda la normativa, vale decir, activar por la vía penal de que estaría incumpliendo con su deber como autoridad pública y una vez concluido los plazos, se agotarán todas las instancias desde la Cámara de Senadores.
El 21 de diciembre, el Consejo Nacional de Markas y Ayllus del Qullasuyo (Conamaq) formalizó una denuncia ante el Ministerio Público en contra de la primera autoridad departamental y el presidente del Comité Cívico cruceño, Romulo Calvo, por el paro en el departamento cruceño.
Ramiro Jorge Cucho, jiliri apu mallku de esta organización, dijo que la causa surgía por la presunta comisión de los delitos de allanamiento agravado de domicilio en la quema de las sedes de las organizaciones sociales, porte y tenencia ilícita de explosivos, instigación a delinquir, racismo, discriminación, desórdenes y perturbaciones públicas y ultraje a símbolos patrios, entre otros.
